El Comité de los Derechos del Niño Uruguay y las organizaciones firmantes ante un
nuevo episodio de violaciones a los derechos humanos en cárceles de
adolescentes reitera: 1- Estos episodios de violencia institucional son
parte de una lógica de ejercicio del poder instaurada desde hace más de 20 años
en estos centros, que se han expandido y profundizado como forma habitual de
práctica desde la pasada administración. Estos métodos cotidianos de trato con
adolescentes detenidos son los que hemos denunciado junto a los familiares de los
detenidos y a lo que se ha respondido con silencio, con ataque a los
denunciantes o, directamente, con el aval u ocultamiento de las prácticas
denunciadas. 2- Los protocolos internos de actuación, aprobados
por el Estado uruguayo de acuerdo a la normativa internacional vigente,
establecen: “Sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción
en casos excepcionales, cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los
demás medios de control y sólo de la forma expresamente autorizada y descrita
por una ley o un reglamento .” 3- La banalización de la tortura y los ataques de
dirigentes sindicales a las organizaciones defensoras de ddhh toda vez que toma
estado público un episodio de violencia institucional, forman parte de una
triste página que aleja al sindicalismo de su otrora rol en defensa de las
causas más elementales de derechos humanos. Solamente con la actuación judicial
no se termina con la cultura de la tortura. Por eso es responsabilidad de los
integrantes de la central de trabajadores condenar, desterrar y eliminar estas
prácticas. Nada nunca puede legitimarse en el presente cuando se actúa a la
sombra de las herramientas heredadas del Terrorismo de Estado. 4- Exigimos una pronta actuación de la justicia
penal ante las denuncias presentadas. Exhortamos al sistema de justicia de
adolescentes (jueces, fiscales y defensores) a que termine con la desidia
institucional para que otorgue las garantías del debido proceso a los
adolescentes privados de libertad. Demandamos más presencia en los ámbitos que
correspondan para prevenir y desactivar estas situaciones. 5- Solicitamos a los partidos políticos una
manifestación clara acerca de la violencia institucional en el sistema de
privación de libertad adolescente y, a su vez, un cambio radical en las
políticas públicas en materia de administración de justicia penal juvenil.
Puesto que todos los partidos aprobaron -en los últimos años- leyes de carácter
netamente regresivo, que promovieron la criminalización de los adolescentes y
fomentaron el populismo punitivo. Los discursos pronunciados por actores
políticos, sindicalistas y operadores del sistema de justicia son construidos
bajo una misma matriz de hegemonía conservadora.
La tortura no se negocia, se denuncia y se
investiga!! |